Quiebra en el "Estado de Derecho".

Hay una cuestión que me preocupa mucho más que las altisonantes declaraciones políticas: es la quiebra que se está produciendo en el "Estado de Derecho". Cuando son las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de la legalidad, las que hacen del incumplimiento de las normas un arma más del juego político, la situación se vuelve peligrosa, porque nos lleva a la anarquía.

Hay muchísimos ejemplos de ello: tanto en el País Vasco como en Cataluña, desde el Gobierno y desde el propio Parlamento se cuestiona a diario el orden constitucional, y no se hace impetrando su modificación a través de los cauces legales , sino mediante amenazas y actos que buscan su quiebra unilateral; igual de preocupante es que en el propio País Vasco las sentencias del Tribunal Supremo no puedan ser ejecutadas y que no pase nada; es también llamativo que desde Salamanca un alcalde, con razón o sin ella, se ponga el mundo por montera y diga que, con acuerdo o sin acuerdo, los papeles no salen del archivo de su ciudad, y su primera medida es vallar el edificio; es también para reflexionar que un político como Anasagasti pueda llamar prevaricadores a los miembros del Tribunal Supremo porque no le guste una sentencia y que no tenga ninguna consecuencia jurídica; y esto afecta a todos, porque tampoco es aceptable que presidente del Congreso de los Diputados acepte repetir una votación cuando a su partido le han tumbado una ley -aunque sea muy importante porque pretende modificar el sistema de elección de los jueces- y se haga deprisa y mal y sin los preceptivos informes consultivos; es igualmente esperpéntico que los presupuestos en el País Vasco salgan adelante habiendo fallado el sistema electrónico de votación y se compute como abstención el voto negativo de una diputada; y así podría citar otros muchos ejemplos.

Las normas jurídicas están para cumplirse -dura lex sed lex, decían los clásicos- y los jueces para hacerlas cumplir, y sin estas sencillas reglas de juego no hay convivencia civilizada.